De acuerdo a las cifras demográficas, el 40% de la población peruana tiene menos de 25 años. Una parte de ellos es representado por la llamada Generación Z, aquellos nacidos entre los años 1994 y 2010. Este grupo poblacional se caracteriza por ser nativos digitales, es decir, nacen con un celular o algún dispositivo tecnológico adherido a ellos. Además, son consumidores de servicios digitales y, es más que probable, que lo sigan siendo.
Bajo el contexto descrito, surge la pregunta si el Estado peruano está preparado para convertirse en un Estado digital a fin de atender el requerimiento de estos nuevos ciudadanos.
Si describimos el estado actual de cada institución pública, en términos de estructura organizacional y procesos–entiéndase como el ROF (Reglamento de Organización y Funciones)-,podríamos concluir que existen disociaciones entre las áreas, objetivos poco claros, inexistencia de equipos transversales, entre otras carencias relacionadas a los cambios en el tiempo y espacio. Razón por la cual, se requiere de acciones urgentes con la finalidad de atender las demandas de una nueva generación de usuarios, lo que forma parte de la inevitable Cuarta Revolución industrial.
Durante los últimos meses, la Secretaría de Gobierno Digital (SDG) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Perú ha venido desplegando esfuerzos con la finalidad de modernizar al Estado a través de los distintos procesos de innovación tecnológica. A la fecha se han introducido el uso de herramientas informáticas en determinados sectores, no obstante, la cobertura es limitada y queda aún tarea pendiente por ejecutar si se quiere mejorar la gestión pública.
Si bien la existencia de un órgano técnico, en este caso la SGD de la PCM, permite fomentar el Gobierno electrónico, cada institución pública debe tener el compromiso de revisar permanentemente los textos de sus ROF a fin de adaptarse a las necesidades del momento. Para entender ello, consideren lo siguiente. Como bien es sabido, el ROF es el documento que contiene la organización formal, objetivos y misión de las instituciones del Estado, así como su listado de prioridades y estrategias. El uso de este instrumento de gestión pública es frecuente y rutinario. Sin embargo, los textos sufren de un problema de desactualización o descontextualización, puesto que fueron redactadas en un entorno distinto al actual, donde las computadores y el internet han cambiado la vida de las personas. El problema reside en que estos textos no han tenido modificaciones sustanciales en los último años –solamente algunos parches- y no están a la vanguardia de los nuevos modelos de negocio y otros cambios, salvo ciertas excepciones.
Si el Estado quiere ser más cercano al ciudadano y asertivo en atender las necesidades de la población, es indispensable el trabajo en conjunto y un cambio subyacente del conocido paradigma del ¨El ROF no me lo permite¨. La flexibilización de procesos, la aplicación de una estrategia de interoperabilidad, así como la conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios permitirán que todos estemos sintonizados y caminemos hacía un mismo objetivo.
En conclusión, el aparato estatal tiene un gran desafío por delante. La nueva generación de ciudadanos demandan servicios y bienes públicos, en medio de un entorno de cambios constantes tecnológicos, lo que exige a las instituciones públicas efectuar cambios sustanciales en términos de estructura organizacional y mejora en sus procesos, a fin de que las demandas sean atendidas de manera efectiva y eficiente. Tarea fácil no es, pero es ya, una necesidad.